después de que muchos de los videos de lo ocurrido en la Universidad Iberoamericana en el Foro del Buen Ciudadano recorrieran todas las redes sociales, la imagen de una publicación en twitter de un ministro cuando la resolución de Atenco ha empezado a hacer las rondas por los internets -en particular facebook. la imagen es la siguiente:
el ministro Góngora Pimentel nunca oculto su repudio a las acciones realizadas en Atenco por parte de las fuerzas policiacas del Estado de México y fue él mismo el que atrajo la investigación:
Así, ante todos estos hechos, un grupo de Atenquenses solicitó al Máximo Tribunal del país que ejerciera su facultad de investigación a fin de que emitiera una opinión respecto de la posible comisión de violaciones graves a las garantías individuales, petición que en su momento hizo suya el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
como aparece en la página tres de la investigación constitucional 3/3006, la que se refiere al caso Atenco. además de ese documento, existe un segundo que considero bibliografía indispensable para opinar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco, el voto concurrente del ministro José Ramón Cossío Díaz. en general, para opinar sobre el caso Atenco pues no se necesita nada.
voto concurrente significa que el ministro en cuestión estaba de acuerdo con la decisión final adoptada, pero no así con la argumentación mayoritaria. esto va a ser muy importante más adelante.
me referiré brevemente a dos estractos de estos documentos. el primero de ellos de la investigación constitucional:
Por su parte, el señor Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia señaló que en la determinación de las autoridades o agentes que produjeron los hechos violatorios de garantías individuales, así como quienes por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados que pudieron evitarlos y no lo hicieron, era necesario tomar en cuenta las jerarquías y la cadena de mandos que autorizaron el uso de la fuerza pública.
Así las cosas, en cuanto a las personas que autorizaron el uso de la fuerza pública, indicó que si bien hubo una reunión de altos mandos de corporaciones federales y estatales con la presencia del gobernador del Estado de México en la que se dio tal autorización, lo cierto era que el objetivo ahí trazado fue conforme a derecho, pues tal orden sólo se dio con la finalidad de desbloquear la carretera ocupada por pobladores de Texcoco y Atenco, liberar a los servidores públicos retenidos y restablecer el estado de derecho.
y el segundo de ellos del voto concurrente:
¿Había elementos necesarios para presuponer que la policía se encontraba capacitada para atender la situación que se presentó en Texcoco y San Salvador Atenco? ¿Había elementos para presuponer que la policía estaba capacitada para hacer uso de la fuerza de ser esto necesario? ¿Derivado de lo anterior, fue legítimo que los mandos políticos hayan hecho uso de la fuerza el tres y cuatro de mayo de dos mil seis? La respuesta a todas las preguntas es afirmativa.
y presento ambos como argumentos para estar en desacuerdo con Góngora Pimentel: me parece que la Suprema Corte sí validó el uso de la fuerza pública para intervenir en Atenco como legítimo. sin embargo, lo segundo que dice es verdad, pues no fue la única resolución -en especial, no fue la más importante. de la investigación constitucional:
[...] la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que algunos de los hechos ocurridos en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en dos mil seis, constituyeron violaciones graves a las garantías individuales.
En la determinación de que sí hubo violaciones graves de garantías individuales, solamente el señor Ministro Aguirre Anguiano votó en contra.
es decir, que se llegó de manera casi unánime a la decisión de que ocurrieron violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores. transcribo también el párrafo que sigue para que se cuiden del señor Ministro Aguirre Anguiano.
para completar esto, la decisión a la que se llegó -y a la que se opuso Góngora Pimentel- fue sobre el involucramiento de las autoridades, es decir: a quién responsabilizar de los hechos.
La siguiente decisión que se tomó fue el Considerando Duodécimo del dictamen, donde el ponente proponía un involucramiento total de las autoridades que se mencionan en el proyecto, y por nueve votos, contra dos de los Ministros Gudiño Pelayo y Silva Meza, se desechó ese Considerando.
Por tanto, en los siguientes puntos de la votación se estimó por la mayoría de los señores Ministros que no se puede atribuir participación a las autoridades y a los funcionarios que se reunieron el tres de mayo de dos mil seis. Los señores ministros Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Silva Meza votaron en contra, pues consideraron que sí podía imputarse intervención a dichas autoridades.
El punto siguiente de votación, en el cual se propuso que puede atribuirse participación a las autoridades y a los funcionarios que el tres de mayo de dos mil seis señalaron la estrategia para el uso de la fuerza pública, los mismos señores Ministros Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Silva Meza votaron a favor; siete Ministros votaron en contra, y el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en el sentido de que se emitiera una recomendación para que se investigara más ampliamente la conducta de estos servidores, que posteriormente se concluyó que se presentaría en los llamados criterios.
así, de manera que se aclara muy bien en el voto concurrente de Cossío Díaz, analizando la cadena de mando, la decisión y las atribuciones de los cuerpos policiacos y las distintas instancias de gobierno, se llegó a imputar a los directamente involucrados en los hechos que constituyeron las violaciones a los derechos humanos. como es bien sabido y reclamado, esto se detuvo en el director de las agencias policiales municipales y estatal y no llegó ni al secretario de gobierno ni al Peña Nieto en cuestión.
lo que argumenta Cossío Díaz en su voto es que la Suprema Corte no debió deliberar sobre a quiénes imputar cargos sino sobre los medios, los instrumentos, mecanismos y penas para poder llegar a decidir qué autoridades estarían implicadas en una interveción de la fuerza pública y bajo qué criterios se puede hacer uso de ella. esto, sin duda, es mucho muy importante.
hasta aquí, me he limitado a transcribir y resumir lo que decidió la Suprema Corte y consta en la transcripción de la investigación y en el voto concurrente. ahora, seguramente un movimiento poco popular, tengo que admitir que estoy de acuerdo tanto con lo que decide la Suprema Corte como lo que argumenta Cossío. es decir: que el estado tiene el derecho y monopolio legítimo del uso de la fuerza y que deben existir mecanismos en los que pueda usarlos para restablecer el orden, si así lo considera; que deben existir criterios para asegurar que las garantías individuales de todos los involucrados se respeten; que éstas se violentaron en el caso Atenco; y, finalmente, que si las fuerzas armadas caen en violaciones de los derechos humanos, este delito no necesariamente tiene que recaer en la mayor jerarquía de la cadena de mando si no se comprueba dolo y si la intervención ha sido justificada. estoy seguro que no muchos compartirán esta opinión que, por cierto, no quiere decir que simaptice con la exoneración de los responsables, ni la minimización del daño causado.
en resumen, creo que lo que dijo Peña Nieto en la Ibero es la mejor respuesta que pudo haber dado al respecto del tema.
y que su respuesta post-crisis es, también, la mejor que puede dar un candidato.
además que su spot es magnífico en cuanto a detalles técnicos, comparado a los de Josefina y Andrés Manuel que parecen hechos en Windows Movie Maker para el proyecto final de alguna materia de preparatoria, o los de Quadri que no puedo tomar en serio.
escribo este suicidio político en el ánimo de mantener la discusión en las propuestas de gobierno y gabinete, en planes de acción específicos y proyectos que, dicho sea de paso, encuentro deficientes en casi todos los candidatos -excepto el caso del posible gabinete de López Obrador, quien hasta ahora ha sido el único en perfilar uno y me parece muy bueno- sobre todo en la manera de llevarlos a cabo.
